El sector de medios comunitarios se ha desarrollado en España desde los años 80. Sin embargo, Se produjo el reconocimiento legal de los medios comunitarios 20 años después, cuando el Estado aprobó la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010, de marzo 31, 2010 . Han pasado más de seis años y ninguna radio comunitaria ha recibido una licencia de transmisión. A pesar de las solicitudes hechas por el ReMC (Español Red de Medios Comunitarios), por varias radios y televisores comunitarios, así como por varios gobiernos regionales[1], el gobierno no ha publicado frecuencias para este tipo de servicios, ya sea en radio o televisión, ni ha establecido ningún procedimiento para las solicitudes de licencia de medios comunitarios. También, el gobierno nacional ha ignorado los reiterados recordatorios legales realizados por el Defensor del Pueblo..

Diferentes gobiernos regionales también habían excluido a los medios comunitarios en varios procesos de distribución de licencias en referencia a la falta de regulación nacional con respecto a este tipo de estaciones de radio. La única forma de obtener licencias de transmisión ha sido participando en concursos para licencias de transmisión comercial. En muy pocas ocasiones algunos medios, en ciudades pequeñas, los medios comunitarios han podido obtener una licencia comercial.

La aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual prevista no ha aportado ninguna mejora en la situación jurídica de los medios de comunicación comunitarios españoles.. Incluso podríamos decir que la situación ha empeorado porque las licencias de radio y televisión se han seguido distribuyendo., excluyendo las emisoras no comerciales y queda menos espacio en el espectro de radio para las estaciones sin licencia que luchan por las frecuencias libres en el dial. Esta situación pone en peligro la viabilidad o la continuidad de las pequeñas estaciones de radio en algunas ciudades..

En respuesta a esta situación, la Red de Medios Comunitarios (ReMC) promovió varias apelaciones judiciales. Sin embargo, los tribunales no han considerado ninguno de sus argumentos y también los han condenado al pago de costas judiciales. A pesar de esta situación, cien estaciones de radio y 3 la televisión comunitaria continúa su actividad de transmisión ante posibles cierres y altas multas.

[1]     Respuesta del Gobierno a iniciativa parlamentaria 184/000475 BOCG. Congreso de los Diputados Núm. D-76 de 17/04/2012 Pág.: 42 https://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/D_076.PDF#page=42

Para obtener más información (en español) www.medioscomunitarios.net o contactoJavier García. ReMC. javito.almenara@gmail.com  para información también en inglés.